L.Lizarazo-Rodriguez (1;6) ; M.C. Roa (2); C.Ituarte-Lima (3;6); D. Murcia (4); A.Rodriguez (5)
1. Brussels School of Governance- Vrije Universiteit Brussel, Bélgica
2. CIDER - Universidad de los Andes, Colombia
3. Raoul Wallenberg Institute on Human Rights and Humanitarian Law (RWI) ,
4. Universidad del Bosque, Colombia
5. Universidad Andina Simon Bolivar, Ecuador
6. Global Network on Human Rights and the Environment (GNHRE)
Este blog resume las principales reflexiones sobre los temas principales relacionados con los actores que buscan soluciones a conflictos ecológicos transnacionales en las cortes y en otros mecanismos de solución de controversias. El taller fue organizado por el Proyecto de Investigación Curiae Virides financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) - de la Brussels School of Governance (Vrije Universiteit Brussel - Bélgica) y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER) - Universidad de los Andes (Colombia), en colaboración con el Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador), el Raoul Wallenberg Institute on Human Rights and Humanitarian Law (RWI) (Suecia), el Center for Sustainability Studies (Universidad de Lund, Suecia) y la Global Network of Human Rights and the Environment (GNHRE).
En los últimos años se ha producido un notable aumento de litigios relacionados con el daño ambiental, las diversas visiones sobre el desarrollo y la consiguiente transformación de ecosistemas y territorios ancestrales. Estos litigios se plantean desde una perspectiva de derechos humanos y, cada vez más, desde la perspectiva de los derechos de los ríos, las montañas y las ontologías relacionales. A lo largo de los tres días de presentaciones y debates, se analizaron múltiples factores del fenómeno desde diferentes perspectivas. Académicos, magistrados, actores sociales, ONG, etc., ahondaron en temas relacionados con la eficacia del litigio para la consecución de sus objetivos y si estos son efectivamente la justicia ambiental y el acceso a mecanismos de reparación para las personas, los ecosistemas y los territorios afectados o amenazados por la degradación ambiental.
Además, se presentaron varios avances en investigación y debates sobre la identificación, la naturaleza, las motivaciones y las estrategias de los actores que intervienen en la configuración y transformación de los conflictos ambientales en litigios. El análisis de las consecuencias de los litigios para las personas, los territorios y los ecosistemas suscitó un interés particular. Los marcos jurídicos o estrategias utilizados para llevar estos conflictos ante los tribunales son un factor determinante de los resultados de estos procesos judiciales o cuasi-judiciales.
Uno de los principales logros del taller fue facilitar el intercambio de conocimientos y la colaboración entre personas que trabajan en diferentes contextos, como la academia, la sociedad civil y el poder judicial, con el fin de abordar los retos y oportunidades del uso de mecanismos jurídicos para resolver conflictos ambientales transnacionales y promover la protección de territorios, ecosistemas y derechos humanos.
Aunque se abordaron múltiples temas, hemos seleccionado cuatro aspectos que conectan con la mayoría de las presentaciones y discusiones del taller:
En primer lugar, el litigio estratégico, que progresivamente se ha centrado en la necesidad de combatir el calentamiento global y, en algunos casos, en el reconocimiento de los derechos de ciertos ecosistemas. Durante el taller se avanzó en la conceptualización del litigio «estratégico» y en los resultados que este tiene para los actores afectados por conflictos ecológicos transnacionales. Un aspecto importante es en qué medida el litigio estratégico es eficaz desde la perspectiva de las personas afectadas, como pueblos indígenas y comunidades locales que dependen directamente de los ecosistemas para su forma de vida y bienestar. Algunas discusiones pusieron de relieve un caso emblemático: el reconocimiento de derechos a la selva amazónica, donde las ONG reclamaban esto junto con representantes de generaciones futuras, personificados en niños y jóvenes citadinos. Sin embargo, también se resaltó la falta de consulta a los indígenas y a la población local que habita la región amazónica. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Colombia (STC4360-2018), el gobierno ha requerido a algunos actores sociales para que capaciten a la población amazónica sobre los derechos que se han reconocido a la Amazonía. Esta situación es solo un ejemplo de cómo este fallo, impulsado desde arriba (por las cortes y los ciudadanos preocupados por el calentamiento global), no integró a la población que habita la Amazonía.
Se identificaron interacciones entre las ONG transnacionales, las ONG latinoamericanas y las poblaciones afectadas como factores relevantes para entender con más profundidad el litigio estratégico, particularmente el climático. Estas interacciones también han sido notorias en las audiencias que tuvieron lugar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la solicitud de opinión consultiva presentada por Colombia y Chile. Aunque nadie pone en duda la urgencia de combatir el calentamiento global, es importante que las organizaciones de la sociedad civil que operan a diversas escalas reconozcan el papel que juegan las poblaciones afectadas. Resulta esencial consultar con ellas antes de iniciar un litigio estratégico, sobre todo en su nombre. Y es aún más importante apoyarlas cuando son ellas quienes toman la iniciativa de iniciar un litigio, pues sus necesidades y cosmovisiones son cruciales para el buen diseño y la correcta implementación de políticas públicas para abordar la crisis planetaria.
Estos presupuestos son esenciales para que las resoluciones judiciales respeten y protejan los derechos humanos de las personas y grupos afectados por el daño ambiental. Todas las ramas del estado, incluida la rama judicial, tienen obligaciones más rigurosas con los grupos en situación de vulnerabilidad. De igual manera, los actores no estatales, como las empresas, y las organizaciones de la sociedad civil que buscan actuar en litigios estratégicos, deben considerar y consultar a los grupos afectados que generalmente se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
Un segundo tema es el sofisticado debate en América Latina sobre el reconocimiento de derechos a la naturaleza como mecanismo para proteger ecosistemas, biodiversidad y territorios ancestrales. Algunos matices hacen referencia a su equiparación con la filosofía indígena de la madre tierra (principalmente en Ecuador), y la conceptualización de los derechos bioculturales, desarrollada fundamentalmente por la jurisprudencia constitucional colombiana, que combina la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas con las dimensiones tanto individuales como colectivas del derecho a un ambiente sano. Varias presentaciones teóricas y aplicadas sobre este tema muestran cómo las cortes y los académicos latinoamericanos juegan un papel central en la conceptualización de estos y tienen una influencia creciente a nivel global. Es importante reconocer estas contribuciones a nivel mundial para avanzar hacia la justicia epistémica, reconociendo innovaciones y perspectivas de diversas partes del mundo.
Un tercer tema fue la necesidad de identificar a los actores implicados en los litigios ambientales, así como sus intereses y motivaciones. Se debatió hasta qué punto los titulares de derechos utilizan los tribunales para proteger sus derechos y obtener reparación por daños, y hasta qué punto los movimientos sociales y ecologistas o las ONG influyen en ellos. Este aspecto está relacionado con el litigio estratégico, pues en algunos casos ciertos temas parecen tener más visibilidad precisamente porque buscan acciones gubernamentales o dirigir la atención contra ciertos sectores económicos, como las industrias carboníferas y petroleras, aunque no necesariamente quienes han sido víctimas directas del daño ambiental sean actores directos de estos litigios.
La intervención de algunos actores, como los inversionistas, se resaltó como un fenómeno que debe analizarse con mayor profundidad para entender las dinámicas de ciertas cadenas de valor que pueden estar involucradas en daños ambientales. El papel de los inversionistas en la (no) resolución de ciertos conflictos ecológicos es un tema importante y casi invisible para las comunidades afectadas, que carecen de información suficiente sobre las actividades y estrategias de estos actores que, por lo general, actúan a escala global, pero que pueden impactar a comunidades locales en situación de vulnerabilidad.
Un último tema a destacar es el de la democracia ambiental. Se abordó en varios paneles y sesiones desde diversas perspectivas. Los mecanismos de democracia ambiental derivados del Principio 10 de la Declaración de Rio y particularmente de la convención Aarhus y el Acuerdo de Escazú, reconocen el derecho a un medio ambiente sano de generaciones presentes y futuras, y buscan proteger los derechos procedimentales ambientales (acceso a la información, participación pública, incluida la consulta previa, y acceso a la justicia). Varias presentaciones resaltaron el Acuerdo de Escazú como un instrumento regional pionero a nivel mundial en el reconocimiento de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales. Sin embargo, también hubo opiniones críticas. Varios participantes señalaron el riesgo de que estos derechos ambientales procedimentales transformen el debate y se concentren en temas formales, olvidando el problema de fondo, como la prevención o mitigación de riesgos ambientales que no pueden ignorarse simplemente porque la población haya sido consultada previamente sobre las implicaciones de actividades económicas planeadas o implementadas.
Si bien las personas y las organizaciones defensoras de la biosfera utilizan herramientas jurídicas, incluidos los aspectos procedimentales del derecho a un medio ambiente sano, es importante destacar los resultados sustanciales que buscan y los cambios transformadores de sus acciones. Las dimensiones procedimentales de este derecho a un medio ambiente sano no pueden separarse de sus elementos sustantivos, que incluyen un clima seguro, ecosistemas y biodiversidad sanos, agua limpia y saneamiento, un ambiente no tóxico y alimentos producidos de manera sostenible. La razón por la que muchas de estas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad no es porque son objetos pasivos de violencia, sino porque son sujetos activos de cambio hacia transiciones justas: cuestionan a fondo los sistemas económicos que afectan negativamente a la biodiversidad y a los ecosistemas de los que depende la vida de los humanos y otros seres vivos, y presentan formas alternativas de relaciones sociales, con la economía y la naturaleza.
También se resaltó el papel de las consultas populares sobre temas ambientales, que son un mecanismo más propio del modelo de democracia participativa anterior a la Declaración de Río. Se planteó la cuestión de hasta qué punto ciertos modelos jurídicos, como la propiedad estatal del subsuelo, y conceptos como la utilidad pública, la distribución de competencias entre niveles de gobierno y los controles de constitucionalidad pueden limitar esta democracia participativa, que podría ser un mecanismo más democrático que los fallos judiciales o las consultas previas para que las comunidades locales puedan decidir cómo proteger sus territorios y ecosistemas. Las consultas populares se han activado en varios países de América Latina como forma de construir la paz ambiental frente a la profundización y expansión del extractivismo. En el taller se analizó la limitada comprensión de las dimensiones temporal y espacial de la democracia por parte de los tribunales.
Existen varios temas pendientes en las agendas académica, judicial y socio-ecológica. Principalmente, es necesario prestar más atención al papel que tienen las cortes en la prevención ex ante de la vulneración de los derechos humanos y de los impactos adversos sobre el agua, el suelo, el aire y la biosfera, ya que muchos de estos daños son irreversibles.
Las presentaciones del taller están disponibles en el canal de YouTube de la Universidad de los Andes:
PROGRAMA
Conferencia Inaugural - Magistrada Nadiezdha Natazha Henríquez Chacín - Sala de Reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de hechos y conductas. Jurisdicción Especial para la Paz - Colombia
Derechos de la naturaleza y bioculturalidad (ESP - Híbrido) Chair: Liliana Lizarazo Rodriguez
El poder de las garantías constitucionales a guardianes indígenas, negros y campesinos: 5 años de implementación de una sentencia que declara un río como sujeto de derechos. Juan Diego Espinosa, Business & Human Rights Resource Centre, Colombia.
Derechos de la naturaleza y litigio climático. Reflexiones desde la Ecología Política frente al caso de la Amazonia Colombiana. Valentina Lomanto Perdomo, Lund University Centre for Sustainability Studies, Sweden.
El derecho como herramienta de lucha de los defensores de los bosques de Quito. Viviana Morales Naranjo, Universidad de las Américas, Ecuador.
Elementos para una dogmática constitucional de los derechos bioculturales: hacia la creación de un test o juicio de bioculturalidad. Julián Gutiérrez- Martínez, Grupo de investigación PLEBIO, Universidad Nacional de Colombia y Dejusticia, y Gabriel Nemogá-Soto, grupo de investigación PLEBIO, Universidad Nacional de Colombia y University of Winnipeg, Canada.
Ecocentric and biocultural approaches (ENG - Online) | Chair: João Teixeira de Freitas
Unveiling nature's rights and shaping the future of environmental peacebuilding. Britta Sjöstedt, Faculty of Law, Lund University, Sweden.
Challenges and opportunities of international criminal justice mechanisms in fostering environmental peacebuilding. Nicole Citeroni, Faculty of Law, Lund University, Sweden.
Navigating paradigms: exploring the emergence of an eco-centric approach in the jurisprudence of the IACtHR. Francesca Cerulli, Department of Legal Sciences, University of Florence, Italy.
Litigio climático y derechos humanos: el litigio estratégico como herramienta de cambio para enfrentar la emergencia climática. Dejusticia (ESP – Presencial) | Coordinadora: Maria Cecilia Roa
Apalancando la justicia ambiental y climática: desafíos y estrategias para la movilización legal desde abajo. Julián Gutiérrez, Investigador Línea de Justicia Económica, Dejusticia.
La deforestación, el cambio climático y las generaciones futuras. Sergio Pulido, Investigador Área de Litigio Estratégico, Dejusticia.
Litigio en desplazamiento climático. Cristina Annear, investigadora Área de Litigio Estratégico, Dejusticia.
Repensando el desarrollo: evaluación de impacto ambiental y cambio climático. Laura Santacoloma, investigadora Línea de Justicia Ambiental, Dejusticia.
Derechos de la naturaleza en las altas cortes de Ecuador. Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador (ESP – Presencial) | Coordinadora: Diana Murcia
Impacto de las Sentencias de la Corte Constitucional Ecuatoriana en los Derechos de la Naturaleza y los Pueblos Ancestrales. Alex Iván Valle Franco, Escuela de Derechos y Justicia del IAE, Universidad de Posgrados del Estado Ecuatoriano.
Estándares jurisprudenciales para la tutela de los derechos de la naturaleza: Una mirada analítica a las sentencias expedidas por la Corte Constitucional del Ecuador en los años 2008 a 2023. Jhoel Escudero Soliz, Universidad de las Américas y María José Narváez Alvarez, Universidad San Francisco de Quito, Ecuador.
La Sentencia Los Cedros y el litigio ecológico transnacional. Agustin Grijalva, Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador.
Movimientos sociales y derechos de la naturaleza en Ecuador: memorias de militancias en el campo jurídico. Adriana Rodriguez, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
Tercer Día Parte II
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